El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se encuentra regulado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuya finalidad es intentar proporcionar una solución a las situaciones de insolvencia de las empresas y de las personas naturales.
El antecedente en España es lo que se conocía como la suspensión de pagos y la quiebra, que se han sustituido por el concurso de acreedores.
Este procedimiento judicial consiste básicamente en paralizar las ejecuciones y apremios que se dirigen contra el patrimonio del deudor para preservarlo mientras se evalúa la situación y se busca una solución, que pasa por alcanzar un acuerdo con los acreedores que se llama convenio, que permita hacer frente a las deudas mediante una quita (reducción de las cantidades debidas) y una espera (aumento de los plazos de pago); o liquidar el patrimonio de la empresa o persona y pagar a los acreedores de una forma ordenada hasta donde alcancen sus bienes.
¿Quién puede pedir el concurso de acreedores?
Tanto las empresas como las personas naturales pueden solicitar la declaración de concurso de acreedores, en cuyo caso hablaremos de concurso voluntario.
Pero no sólo el deudor puede pedir el inicio de este procedimiento judicial, también lo pueden solicitar sus acreedores si se cumplen los presupuestos establecidos por la Ley Concursal, y en este caso nos referiremos al concurso necesario en lugar de voluntario.
La Ley concede ciertos beneficios al acreedor que insta el concurso de su deudor, premiándole con una mejor clasificación de parte de su crédito, lo que se traduce en más posibilidades de cobrar.
¿Qué requisitos son necesarios para que el juez declare el concurso de acreedores?
Principalmente se trata de acreditar la situación de insolvencia del deudor y la existencia de una pluralidad de acreedores.
En cuanto a la insolvencia, la Ley se refiere a la actual o inminente, y consiste en la imposibilidad de cumplir regularmente con el pago de las obligaciones. En definitiva, se podrá acudir al concurso cuando se esté en esa situación de insolvencia o cuando se prevea que se va a estar de forma inminente. Lógicamente debe existir más de un acreedor, ya que de lo contrario no podríamos hablar de concurso de acreedores.
El Administrador Concursal. ¿Podré seguir administrando mis bienes?
Al declarar el concurso de acreedores, el Juez establecerá uno de los dos siguientes regímenes de facultades patrimoniales que va a conservar el deudor:
– La mera intervención: el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero los actos concretos deberán realizarse con la autorización o la conformidad del Administrador Concursal.
– La suspensión: se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por el Administrador Concursal.
Con carácter general, el régimen de intervención está previsto para los concursos voluntarios, es decir, cuando ha sido el propio deudor el que ha solicitado su declaración de concurso, mientras que el de suspensión está previsto para el concurso necesario instado por los acreedores del deudor. No obstante, el Juez puede establecer motivadamente el régimen que considere más conveniente al caso.
En la práctica, lo más frecuente es que el Juez fije el régimen de intervención, salvo que existan razones especiales que justifiquen establecer el régimen de suspensión.
¿En qué me puede beneficiar acudir al concurso de acreedores?
Se trata de una herramienta que en teoría está diseñada para la continuidad de la empresa o de la actividad del deudor. Sin embargo, debido a los propios déficits del sistema por un lado, y por otro a que las solicitudes de concurso se suelen presentar cuando la situación está ya muy deteriorada, en la práctica la mayoría de los concursos
acaban en liquidación al no poder alcanzar un convenio con los acreedores o, habiéndose alcanzado, al no poder cumplirlo.
Por ello, para que el concurso sea una herramienta útil y eficaz, se debe usar de forma correcta, plantearse muy bien y con la mayor antelación posible, lo que permitirá que existan más posibilidades de obtener una solución que garantice la continuidad duradera de la empresa
No obstante, a pesar de acabar en liquidación, el concurso puede servir para obtener beneficios muy importantes, pues aparte de conseguir controlar y ordenar los problemas con tus acreedores a través de un único procedimiento, en algunos casos puede evitar que a la persona que ostenta el cargo de administrador le hagan responsable de las deudas de la empresa; y si se trata de concurso de persona natural, se puede conseguir el beneficio de la exoneración de pasivo insatisfecho, conocido como el mecanismo de la segunda oportunidad (para ampliar información sobre esta última cuestión, podéis consultar nuestro post “Cuestiones esenciales para saber si te interesa y puedes acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad”).
