Ley Segunda Oportunidad: Deudas con Hacienda y Seguridad Social

La cancelación de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en el concurso de personas físicas esta siendo un punto conflictivo en la interpretación de esta nueva norma del año 2015 que permite a las personas naturales encarrilar su vida de nuevo sin tener que arrastrar deudas de por vida imposibles de satisfacer.

¿Puedo conseguir el perdón de todas mis deudas, incluidas las de Hacienda y Seguridad Social?

Como su nombre indica, el objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es permitir que una persona física, a pesar de su fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de una deuda que nunca podrá satisfacer.

El mecanismo de obtención de la Segunda Oportunidad, es decir, el perdón de las deudas, puede obtenerse siempre que el deudor cumpla todos los requisitos para considerarse que lo sea de buena fe. Uno de los requisitos es haber pagado los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los contraídos con Hacienda y la Seguridad Social.

La ley facilita el pago de estos créditos, estableciendo un plan de pagos sin intereses por un plazo máximo de cinco años desde que termina el concurso.

Sin embargo, estas facilidades que preveía la Ley Concursal chocan con las normas de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que reducen los plazos de aplazamiento y requieren para concederlo avales o garantías hipotecarias, entre otras muchas dificultades. Estos requisitos que establece Hacienda causarían a muchos deudores la imposibilidad de obtener el BEPI o perdón de las deudas.

¿Cómo ha interpretado el conflicto el Tribunal Supremo?

El 2 de julio de 2019, el Tribunal Supremo se pronunció con una sentencia que reforzaba la Ley de Segunda Oportunidad, con el objetivo de que pueda ser una solución real y eficaz para lograr la cancelación de todas las deudas. Concluyó que el crédito público sí debía incluirse en el plan de pagos de 5 años, dejando claros siguientes puntos:

  • El plan de pagos debe permitir el fraccionamiento y aplazamiento en 5 años.
  • En aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo. Ello no supone desproteger el crédito público, pues salvo que tenga otra preferencia (por ejemplo, una hipoteca a favor de la propia Hacienda), o esté subordinado (por ejemplo, por intereses), el 50%, quedaría al margen del BEPI.
  • Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de Hacienda.

En definitiva, de una deuda con Hacienda podríamos obtener el perdón de los recargos, intereses y sanciones, y una rebaja del 50% de las cuotas pendientes a ingresar en 60 mensualidades, lo que indiscutiblemente permite al deudor tener realmente una segunda oportunidad.

Texto Refundido de la Ley Concursal  

Pese a la posición tomada por el Tribunal Supremo, y estar pendiente la trasposición de la Directiva de la Unión Europea del 20 de junio de 2019 que favorece a las personas que necesitan rehacer su vida mediante la Segunda Oportunidad, el Texto Refundido de 5 de mayo de 2020 no permite que el plan de pagos incluya ningún crédito público, por lo que el deudor tendrá que solicitar a las administraciones públicas los correspondientes aplazamientos, con las dificultades que eso conlleva, independientemente al plan de pagos que se aprueba judicialmente. Establece en su artículo 491:

“ (…), el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

Un texto Refundido recoge una ley (en este caso la Ley Concursal) que ha tenido modificaciones, y refunde todas ellas en un solo texto, pero careciendo de rango de ley. Por lo tanto, no debe legislar en contra del criterio del Tribunal Supremo.

Los Tribunales se han pronunciado asegurando que el Texto Refundido “excede de los parámetros de delegación normativa”, y “los preceptos que hayan incurrido en tal exceso no tienen naturaleza de ley”.

Por ello, numerosos tribunales, de manera posterior a la entrada en vigor del Texto Refundido han venido reconociendo la exoneración de las deudas de Hacienda y la Seguridad Social en procedimiento concursales de segunda oportunidad de profesionales y autónomos, siguiendo así el criterio del Tribunal Supremo en la Sentencia de 2 de julio de 2019. 

Directiva de la Unión Europea

El Gobierno tiene pendiente trasponer la Directiva Concursal (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019 a nuestro ordenamiento jurídico, teniendo un plazo de dos años desde su entrada en vigor. Sin embargo, se ha solicitado una prórroga de un año, por lo que deberemos esperar a julio de 2022.

Los objetivos de la Directiva son notoriamente favorables a todas aquellas personas que necesitan acudir al mecanismo de Segunda Oportunidad para poder empezar de cero sus vidas, y por lo tanto se prevé un escenario optimista que ponga fin a la incertidumbre que ahora mismo esta presente tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal, pero deberemos esperar 1 año más a su trasposición.

Gestión de Segunda Oportunidad y Concurso de Acreedores

El concurso de persona física tiene muchos aspectos complejos, y en concreto, como hemos visto, Hacienda será uno de los acreedores que te dificulte el procedimiento.  Es por ello que es realmente importante asesorarse en un despacho especializado en la materia.

Nuestro despacho de abogados es especialista y experto en gestión de Segunda Oportunidad y Concursos de Acreedores, asesora a nuestros clientes en todo el proceso y defenderá ante el Juez el plan de pagos de los créditos del organismo público que se ajuste a su verdadera capacidad, con la finalidad de obtener el deseado BEPI.

Ejemplo práctico aplicación Ley de Segunda Oportunidad

Por último, vamos a finalizar este artículo con un ejemplo.

Supongamos que un empresario autónomo, tiene las siguientes deudas:

  1. Con el Banco A: 30.000 euros, por un préstamo personal sin garantía hipotecaria.
  2. Con la Financiera B: 15.000 euros, por otro préstamo.
  3. Con el Banco C: 5.000 euros, por un descubierto en cuenta corriente.
  4. Con el Proveedor D: 3.000 euros, por facturas impagadas.
  5. Con el Proveedor E: 5.000 euros, por el mismo concepto.
  6. Además, tiene una deuda con Hacienda de 51.000 euros, compuesta por:
  • Cuotas de IVA no ingresadas: 36.000 euros.
  • Recargos: 3.000 euros.
  • Sanciones: 10.000 euros.
  • Intereses de demora: 2.000 euros.

La deuda total asciende a 103.000 euros.

Con la aplicación de la Ley, cumpliendo todos los requisitos para la obtención del BEPI, podríamos obtener el perdón de:

  • Las deudas de los apartados 1 a 5 anteriores, por un total de 58.000 euros.
  • De la deuda con Hacienda, los recargos, las sanciones y los intereses de demora; 15.000 euros en total, siempre y cuando para el pago del resto (36.000 euros), propusiéramos un plan de pagos en un máximo de 5 años, con posibilidad de obtener una rebaja del 50%; es decir, pagar solamente 18.000 euros siempre que lo apruebe el Juez en función de los activos y la renta disponible o embargable del deudor.

En definitiva, una deuda de 103.000 euros, puede quedar reducida a 18.000 euros a pagar en 60 mensualidades de 300 euros cada una, lo que indiscutiblemente permite al deudor tener realmente una segunda oportunidad.

Si necesitas asesoramiento, contacta con nosotros, somos especialista en Ley de Segunda Oportunidad.