Ley segunda oportunidadSegunda Oportunidad: Deudas con Hacienda y Seguridad Social 2019

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Recientemente (el pasado 2 de julio) el Tribunal Supremo se ha pronunciado con una sentencia para reforzar la Ley de Segunda Oportunidad.

En el año 2015, entró en vigor una modificación de la Ley Concursal, que supuso introducir en nuestro derecho una figura existente en otros países, que es la llamada  “Segunda Oportunidad”.

Objetivos de la Ley de Segunda Oportunidad

Como su nombre indica, el objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es permitir que una persona física, a pesar de su fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de una deuda que nunca podrá satisfacer.

El mecanismo de obtención de la Segunda Oportunidad, es decir, el perdón de las deudas (llamado técnicamente “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, y coloquialmente, BEPI), puede obtenerse dentro del concurso de acreedores, siempre que el deudor lo sea de buena fe, entendiéndose como tal al que cumple los siguientes requisitos:

¿Cómo conseguir el perdón de una deuda?

Los requisitos son los siguientes:

  • Que el concurso no haya sido declarado culpable.
  • Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socio económico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la solicitud de concurso de acreedores.
  • Que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores a través de un mediador concursal, con una quita o descuento del importe de sus deudas y un aplazamiento no superior a 10 años.
  • Haber pagado los créditos contra la masa (es decir, los generados por el concurso de acreedores, y especialmente, los del abogado, procurador, administrador concursal) y los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los contraídos con Hacienda y la Seguridad Social.

Sin embargo, la Ley Concursal prevé medidas alternativas para aquellos deudores que no puedan cumplir con lo previsto en el apartado 4 anterior, exigiéndoles a su vez, la justificación del cumplimiento de una serie de requisitos:

  • Que acepten someterse a un plan de pagos en los términos que regula la propia Ley.
  • Que no hayan incumplido determinadas obligaciones de colaborar con el Juzgado o la administración concursal.
  • Que no hayan obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.
  • Que no hayan rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
  • Que acepten de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

Plan de pagos de un deudor en un concurso de acreedores

¿Y cuál es ese plan de pagos al que ha de aceptar someterse el deudor? Pues uno que permita satisfacer los créditos contra la masa (recordemos, los generados por el concurso, y especialmente, los del abogado, procurador, administrador concursal) y los créditos privilegiados (Hacienda y Seguridad Social) en un plazo máximo de cinco años, por ejemplo, mediante una cantidad igual todos los meses, o un 10% el primer año, un 10% el segundo, un 20% el tercero, otro 20% el cuarto, y un 40% el quinto; o cualquier otra combinación que suponga el pago del 100%, con la importantísima salvedad que haremos al comentar la novedosa sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019.

Interpretación de la Ley de Segunda Oportunidad por Hacienda y la Seguridad Social

Sin embargo, esta previsión de la Ley chocaba con una realidad bien distinta: Hacienda y la Seguridad Social, consideraban que los aplazamientos quedaban sometidos a sus normas y a su aprobación. Más específicamente en el caso de Hacienda, es necesario disponer de aval bancario o garantía hipotecaria para aplazar deudas cuyo importe supere los 30.000 euros (hasta octubre de 2015 el tope eran 18.000 euros), pudiendo valer también un seguro de caución. Al presentar la solicitud de aplazamiento hay que incluir una propuesta de calendario de pagos que Hacienda puede aprobar o desestimar, en cuyo caso es posible que plantee un calendario alternativo. De lo contrario el solicitante recibe una carta de pago por el total de la deuda y gana algo de tiempo, que en ningún caso puede exceder los 12 meses para aplazamientos de deuda en autónomos y de seis meses para empresas. Si no se hace frente a alguno de los pagos, Hacienda anula el aplazamiento y puede iniciar el procedimiento de apremio, que incluye la posibilidad de ejecutar embargos. En estos casos se aplica un recargo que podía oscilar entre el 20% y el 35%.

Esta interpretación de Hacienda y Seguridad Social supondría un escollo enorme para aquellos deudores que aun reuniendo los requisitos para obtener el BEPI, y pudiendo aplazar hasta en 5 años el pago de los créditos contra la masa y privilegiados, verían frustrada una segunda oportunidad, porque los plazos reales para el pago de las deudas con Hacienda se reducirían muy sensiblemente, al entender que no quedaba vinculada por el plan de pagos pretendido por el deudor con sus acreedores y aprobado por el Juez. Y la consecuencia de no poder cumplir con el pago a Hacienda sería la imposibilidad de obtener el BEPI: el deudor se quedaría sin obtener el perdón de sus deudas y sin disponer de una segunda oportunidad.

Pues bien, esta situación ha quedado aclarada con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, que da una nueva interpretación a este particular de la Ley Concursal. Los puntos más relevantes de la sentencia son los siguientes:

  • El plan de pagos debe permitir el fraccionamiento y aplazamiento en 5 años.
  • En aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor. Ello no supone desproteger el crédito público, pues salvo que tenga otra preferencia (por ejemplo, una hipoteca a favor de la propia Hacienda), o esté subordinado (por ejemplo, por intereses), el 50%, quedaría al margen del BEPI.
  • Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso Hacienda.
  • Los mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal, porque hace imposible la obtención del BEPI: el juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan.

Ejemplo práctico aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad

Por último, vamos a finalizar este artículo con un ejemplo.

Supongamos que un empresario autónomo, tiene las siguientes deudas:

1.- Con el Banco A: 30.000 euros, por un préstamo personal sin garantía hipotecaria.

2.- Con la Financiera B: 15.000 euros, por otro préstamo.

3.- Con el Banco C: 5.000 euros, por un descubierto en cuenta corriente.

4.- Con el Proveedor D: 3.000 euros, por facturas impagadas.

5.- Con el Proveedor E: 5.000 euros, por el mismo concepto.

6.- Además, tiene una deuda con Hacienda de 51.000 euros, compuesta por:

  • Cuotas de IVA no ingresadas: 36.000 euros.
  • Recargos: 3.000 euros.
  • Sanciones: 10.000 euros.
  • Intereses de demora: 2.000 euros.

La deuda total asciende a 103.000 euros.

Con la aplicación de la Ley, cumpliendo todos los requisitos para la obtención del BEPI, podríamos obtener el perdón de:

  • Las deudas de los apartados 1 a 5 anteriores, por un total de 58.000 euros.
  • De la deuda con Hacienda, los recargos, las sanciones y los intereses de demora; 15.000 euros en total, siempre y cuando para el pago del resto (36.000 euros), propusiéramos un plan de pagos en un máximo de 5 años, con posibilidad de obtener una rebaja del 50%; es decir, pagar solamente 18.000 euros siempre que lo apruebe el Juez en función de los activos y la renta disponible o embargable del deudor.

En definitiva, una deuda de 103.000 euros, puede quedar reducida a 18.000 euros a pagar en 60 mensualidades de 300 euros cada una, lo que indiscutiblemente permite al deudor tener realmente una segunda oportunidad.

Gestión de Segunda Oportunidad y Concursos de Acreedores

Dada la complejidad de los requisitos y la segura batalla que planteará Hacienda ante el previsible incremento de solicitudes de acogimiento a la segunda oportunidad, nuestro despacho de abogados, especialista y experto en gestión de Segunda Oportunidad y Concursos de Acreedores, asesora a nuestros clientes en todo el proceso y defenderá ante el Juez el plan de pagos de los créditos del organismo público que se ajuste a su verdadera capacidad, con la finalidad de obtener el deseado BEPI.

Peris y Ruiz Abogados

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